La irracionalidad de la ley en Puerto Rico y la hipocresía de su Corte Suprema
Cuando se dice que la 'ley es una ciencia' al estilo de Thomas Jefferson se esta meramente sugiriendo que las leyes humanas debería de actuar como las leyes de la naturaleza: sobre todos sin excepción alguna. Es por esto que la estatua de la libertad tiene sus ojos cubiertos por una bandana: para que sus determinaciones sean iguales ante todos, no importe de rango, color o genero. Las leyes humanas, como la gravedad, son aplicables a todos por igual, no importe que.
Un obvio caso contradiciendo dicho principio era la esclavitud, que ponía a un grupo de seres humanos dentro de su propia categoría, aplicandole criterios legales diferentes al resto de la ciudadanía. Fue quizás por esta razón por el cual la lucha de derechos civiles tenia un cierto nivel de 'inevitable momentum' dentro del contexto judicial estadounidense: la división por raza violaba los conceptos principales sobre la cual la nación estadounidense había sido formada. Vemos otro ejemplo de estas injusticias en la tradicional sociedad de la India formada por diferentes castas, cada una con sus propios criterios legales. La mejor manera de obviar en principio la ley, es formar un subgrupo con sus propios criterios; si no e aplica la ley, no puedes violarla en primer lugar.
Tal es lo que la Corte Suprema de Puerto Rico pretende estar haciendo con respecto a la reforma de sus retiros.
Es algo chocante que la Judicatura, en particular la Corte Suprema de Puerto Rico, pretenda evaluar la ley de retiros que afectan sus propios intereses. En lo que es un contundente conflicto de intereses, la Judicatura ha radicado dos pleitos contra el Ejecutivo sobre el asunto--que claramente caerá sobre sus propias manos y dictaminara en su favor. Incluso, se han hecho argumentos públicos para separar dicha corte en su propia casta, mediante la hipócrita alegación que los miembros de la Corte Suprema están constituidos por un 'conocimiento' y 'ética' por encima de la mayoría del resto de la sociedad. Nadie es bobo, y crea alguna suspicacia sobre la integridad de dicha corte.
Hay dos obvias alternativas que no generiain un 'conflicto de interes'--un termino detestado por el comentarista Ignacio Rivera de 1320, y quien continuamente intenta se argumentar y/o sugerir que dicho concepto es nulo.
La primera alternativa es que el caso llegue a una corte fuera de la jurisdicción directa de Puerto Rico, en particular el foro federal. Al no ser nominados directamente por actores locales, o ser pagados por esto, una corte federal (en principio) tendría mayor discreción de criterio para poder dictaminar justamente. Pero, entramos una vez mas en el eterno tema del estatus político en que dicha corte estaría violentando los pocos elementos de soberanía nacional de Puerto Rico.
Entre la roca y la pared
Cualquier decisión emitida seria percibida con malos ojos por casi todos.
La segunda alternativa es que la judicatura forme su propio gremio y 'negocie colectivamente' con la legislatura sobre sus retiros. Esta es quizás la alternativa mas justa y razonable, pero, como la Judicatura pretende estar en una categoría diferente, por encima de los demás, no 'se baja' para ni tan siquiera considerar la noción. "No soy un obrero", diría el Juez Federico Hernandez Denton. Bueno, en la actualidad lo eres porque devengas un salario basado en tu labor, como cual quiera otro. (Si fueras dueño de tu propia empresa, pequeña que fuese, el caso seria otro.)
En fin, al tomar 'la ruta fácil' en el cual es caso caiga en sus propias manos, la Corte Suprema ha cometido un error garrafal que terminara poniendo en cuestión la integridad de sus jueces ante toda la nación puertorriqueña. "Here's the rub" como dirían en ingles. Si la Corte decide a su favor, hará saber públicamente que no es una corte imparcial. Pero, por otro lado, si la Corte Suprema dictamina en contra de sus propios intereses al acordar con el ejecutivo, dará a saber que la radicación del pleito fue por mero 'acto de pasión', que también pondrá en cuestión su integridad jurídica.
Este contundente choque moral y jurídico no va a terminar bien, sea cual sea el resultado. Es por esta razón que la Corte Suprema debió de haber actuado con menor premura y con mayor deliberación sobre las actuales consecuencias de sus acciones. El mero hecho de no haber actuado en previas decisiones laborales--ie la Ley 7 de Fortuño o el recién Retiro de los Maestros--convierte a sus letrados en otros políticos mas que se nutren de los pocos fondos públicos.
Ay, ay ay. Por ahíviene algo...