CAMPANA PRO UPR- FIRMAS SOLICITADAS


FUENTE: Google Docs



Exigimos que se reconozcan como esenciales los servicios educativos que ofrece la UPR.

Petición al gobernador de Puerto Rico, a la Junta de Supervisión Fiscal establecida por la ley federal PROMESA y a la jueza federal Laura Taylor Swain, a cargo del proceso de reestructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico, para que, al amparo de la Sección 201 (B) de PROMESA, se designen como esenciales los servicios educativos que ofrece la Universidad de Puerto Rico.
PETICIÓN

El gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión fiscal establecida por la Ley Pública 114-187 de 30 de junio de 2016 aprobaron el Plan Fiscal requerido por la sección 201 de dicha ley y han invocado las protecciones y mecanismos dispuestos por el Título III de PROMESA, que permite a la isla acceder a unos mecanismos de reestructuración de su deuda pública, para lo cual el juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha designado a la jueza Laura Taylor Swain.  Ambas acciones se han realizado sin que el gobierno de Puerto Rico y la junta hayan definido lo que son “servicios públicos esenciales”.  La Sección 201, inciso (B) dispone que el Plan Fiscal tiene que “asegurar las asignaciones de los servicios públicos esenciales” (“ensure the funding of essential public services”).

En la presentación original de su Plan Fiscal el 28 de febrero de 2016, el gobierno de Puerto Rico, reconoció en la página 120 que no tiene una definición de “servicios públicos esenciales”:

'Neither PROMESA nor local laws or executive orders to date define the term “essential services.”  Section 201 of the Fiscal Responsibility Act provides that the Governor shall designate which services provided by the Government of Puerto Rico and its instrumentalities are deemed to be essential services.  No designation has yet been made, although it is under development. …'

Hasta el día de hoy no se ha provisto dicha definición.

La Universidad de Puerto Rico juega un rol único en el desarrollo económico y social de Puerto Rico.  Su importancia para el presente y futuro de la isla no tiene ningún paralelo con otras universidades públicas en Estados Unidos.  Se estima que más del 55% de sus estudiantes proviene de escuelas públicas y la mayoría de los que son admitidos provienen de familias con ingresos anuales de $30,000 o menos.  Cerca del 60% de los estudiantes recibe la beca federal Pell para sus estudios.

La economía de Puerto Rico es una economía en desarrollo, que en estos momentos atraviesa su más profunda crisis.  El ingreso familiar es menos de la mitad que el promedio en Estados Unidos.  Eso significa que el ingreso familiar disponible para educación universitaria en Puerto Rico es mucho menor que el de las familias en Estados Unidos.

El principal recurso económico que tiene Puerto Rico es su gente.  Solamente, a través de la educación podemos aspirar a desarrollar la economía.  A diferencia de otras jurisdicciones en Estados Unidos, en Puerto Rico, la inmensa mayoría de los profesionales, estudió en la isla, y la mayoría de estos se graduó de la Universidad de Puerto Rico.

Es por este rol social y económico, que el sistema de financiamiento de la universidad pública de Puerto Rico se ha diseñado de forma tal que toda la sociedad puertorriqueña aporte para su sostén.  Reconociendo los momentos de crisis, la UPR ha operado con el mismo nivel de apoyo económico del gobierno central desde el 2013 y a pesar de ello, aumentó su cantidad total de estudiantes, de 57,500 a 62,500.  A pesar de estos ajustes, a este momento, la Universidad de Puerto Rico tiene la capacidad para pagar por los bonos que ha emitido.  La UPR no es responsable de la crisis financiera del gobierno de Puerto Rico ni de sus corporaciones públicas.

La falta de una definición de lo que son servicios esenciales ha permitido que en el Plan Fiscal propuesto por el gobernador de Puerto Rico y aprobado por la Junta Fiscal se dispongan recortes a la subvención gubernamental de la UPR que atentan contra su propia existencia.  Estos recortes no solo afectarán los servicios educativos insustituibles que ofrece la UPR, sino su capacidad de repago a sus acreedores y bonistas.  Estos recortes van a crearle a la UPR  una crisis fiscal que hoy no tiene. 

Los recortes propuestos contravienen lo dispuesto en la ley PROMESA por cuanto se están adoptando sin que se hayan definido previamente lo que son servicios esenciales y sin estudios que evidencien cuáles serán las consecuencias de dichos recortes para la subsistencia de la UPR.  De hecho, lo que ha ocurrido por sus acciones es lo contrario: el gobernador y la Junta han determinado que los servicios educativos que provee la UPR no son esenciales.

Los aquí firmantes creemos que los servicios educativos que ofrece la Universidad de Puerto Rico son esenciales para el presente y el futuro de Puerto Rico.  Con nuestra firma y adhesión le pedimos y reclamamos al gobernador Ricardo Rosselló y a la Junta de Supervisión fiscal que enmienden el Plan Fiscal y reconozcan que la UPR provee servicios esenciales y que, en consecuencia, eliminen los recortes dispuestos.  De ellos no actuar, solicitamos a la jueza Laura Taylor Swain, que en su evaluación de los procesos bajo el Título III concluya que el Plan Fiscal no cumple con lo dispuesto en la ley PROMESA, porque no define lo que son servicios esenciales y por, específicamente, tratar a la Universidad de Puerto Rio como un servicio no esencial.




Cont’d.

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