La transparencia descontamina


Fuente: Julio Fontanet / ENDI



No importa quién esté a cargo del gobierno -ya sea en Estados Unidos o Puerto Rico-, siempre surge el reclamo de la necesidad de mantener ciertos documentos o información bajo el palio de la confidencialidad de quienes ostentan el poder. Paralelamente, la oposición y otros sectores reclaman acceso.

En los últimos días, este escenario volvió a repetirse. En Estados Unidos, el sector de las la agencias investigativas federales logró (por el momento) que se mantuviera confidencial una parte de los informes secretos sobre el asesinato de John F. Kennedy. El presidente Donald Trump autorizó la liberación de la mayoría de los informes, con la excepción de doscientos que contienen, evidentemente, la información más importante y que serán analizados para determinar si su difusión podría implicar un “riesgo para la seguridad” de ese país.

En muchas instancias, los gobiernos de turno plantean con mucha ligereza el concepto de “proteger la seguridad nacional” o el llamado “privilegio ejecutivo” (véase US v. Nixon) como palabras mágicas que requieren que el periodista o el ciudadano cesen inmediatamente de su empeño por acceder a la información solicitada.




Cont’d.

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