El traqueteo expuesto está en todas las agencias


Fuente: CLARIDAD


Si las autoridades federales fueran consistentes al aplicar la norma legal que se desprende del pliego acusatorio emitido contra dos altas funcionarias de la administración de Ricardo Rosselló recientemente acusadas, deberían arrestar en los próximos meses a casi todos los jefes de agencia y al propio Gobernador. El esquema que se describe allí para imputar robo, conspiración y lavado de dinero a dos integrantes del gabinete, se repitió en todas las dependencias gubernamentales a partir de enero de 2017.

Las dos funcionarias imputadas son la estadounidense Julia Keleher, Secretaria de Educación hasta el pasado mes de marzo, y Ángela Ávila Marrero, quien hasta hace poco más de un mes estuvo a cargo de la Administración de Seguros de Salud. Junto a ellas se acusó a otras cuatro personas, todas beneficiadas con contratos autorizados en las dos agencias que en conjunto sumaron más de $15 millones. El más notorio de los otros cuatro acusados es Alberto Velázquez Piñol, quien desde los tiempos del gobernador Luis Fortuño, ha jugado un papel protagónico en los gobiernos del Partido Nuevo Progresista, aunque nunca ha sido empleado.

A ninguna de las dos funcionarias acusadas se les imputa haber obtenido beneficio personal en los contratos otorgados, como siempre había sucedido en los casos de corrupción del pasado. Tampoco se les imputa, como también antes siempre fue la norma, haber desviado dinero público para fines político partidista. En prácticamente todos los casos de corrupción pública procesados durante los últimos 25 años siempre estuvo presente el lucro personal del funcionario o el aprovechamiento de la nómina pública para el financiamiento de campañas políticas. En el nuevo pliego acusatorio esa imputación no está presente.



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