Para pagar, hay que auditar

Fuente: Claridad


La puerta giratoria que existe entre funcionarios del gobierno y entidades bancarias del sector privado, unos los llaman “los muchachos de Santander”, acciones ilegales e irresponsables de parte tanto de agencias acreditadoras como de ejecutivos del gobierno, en fin, el conocimiento de que existe deuda ilegal es lo que provoca que la actual administración de Ricardo Rosselló Nevares y la Junta de Control Fiscal (JCF) se nieguen a que haya una auditoría de la deuda pública.

En el presente aun cuando el reclamo por la auditoría aumenta y que economistas del patio así como de nivel internacional destacan su pertinencia, el gobierno y la JCF reiteran su negativa. Este viernes 7 de abril la juez Laurecelis Roques Arroyo, del Tribunal de Primera Instancia, (TPI) Sala de San Juan, ordenó la restitución de los miembros de la Comisión. De inmediato el gobernador Rosselló Nevares dio a conocer que su gobierno apelaría la decisión.
 
En entrevista con CLARIDAD un conocedor del trabajo de la Comisión, quien por motivos de seguridad pidió mantenerse en el anonimato, repasó que el ejercicio que se hizo a través de la Comisión les llevó hasta una emisión de bonos emitida por la Autoridad de Energía Ele?trica en 2013. También se hizo una auditoría preliminar de las emisiones de los bonos de obligación general (GOs) de 2014 y 2015, esta última de $3 mil 500 millones, la más grande que se haya hecho en Puerto Rico y en la cual el gobierno renunció a su jurisdicción y la cedió a los tribunales en Nueva York.



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