Los ‘atropellos digitales’ se ensañan con migrantes y refugiados
Fuente: El Pais
"El sistema de monitorización más agresivo de la historia se probó en la población latina", asegura Álvaro Bedoya, director ejecutivo del Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown. Y explica: "Yo llegué a EE UU en 1987. A partir de 1992, cada vez que yo llamaba a mi abuelita a Perú, el Departamento de Justicia estaba registrando la conversación. Lo hacía con todas las llamadas desde EE UU a todos los países latinoamericanos, con el pretexto de controlar el narcotráfico. Pero no todos éramos narcotraficantes, lógicamente". Bedoya pone este ejemplo, una vigilancia masiva lanzada veinte años antes de las revelaciones de Edward Snowden, para ilustrar que la población inmigrante siempre sufre primero los experimentos con nuevas tecnologías de vigilancia y control. Si tiene éxito con este colectivo tan vulnerable, y la sociedad no responde en contra, se termina extendiendo al resto de la sociedad, como sucedería con las escuchas masivas permitidas posteriormente por George W. Bush.
Escándalos como el de Cambridge Analytica han puesto de actualidad los abusos que se pueden cometer con las bases de datos y otros contenidos digitales, que sirven para formar perfiles cada vez más detallados sobre los ciudadanos. Pero los migrantes, desprovistos de facto de casi todo derecho al tratar de cruzar una frontera, están especialmente expuestos ante estos abusos. La recogida de registros biométricos, el monitoreo de redes sociales o el abuso de datos confidenciales se convierte en su perdición cuando esta información se difunde por error o intencionadamente. "Se aprovecha la situación de vulnerabilidad de los migrantes para hacer cosas con ellos que no se harían con los ciudadanos, sirve para probar métodos y tecnologías", advierte Gemma Galdon, especialista en el impacto social de la tecnología y directora de Eticas. Por ello, muchos especialistas alertan de esta situación y reclaman la creación de los llamados santuarios digitales, entornos que eviten que se recopilen y difundan datos perjudiciales para migrantes y refugiados.
"Ahora hay mucha discusión sobre si vamos hacia un estado policial, pero muchas comunidades ya viven en ese estado policial: por ejemplo, la gente latina de EE UU", alerta Bedoya, uno de los juristas más destacados en el campo de la protección de la privacidad digital. Cuando Trump publicó el decreto para prohibir la entrada desde países musulmanes, además autorizó la elaboración de perfiles para evaluar si un inmigrante iba a contribuir a la sociedad, incluso con "un monitorieo constante de Facebook, Twitter o Instagram, para sacarlos del país", denuncia Bedoya. Este experto relata numerosos ejemplos de bases de datos que se explotan para perjudicar a los migrantes, como la lectura automática de matrículas de la empresa Vigilant, que sirve para conocer la ubicación de cualquier vehículo y que se pone en manos del Servicio de Inmigración para localizar expatriados.
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