Más de tres décadas de neoliberalismo


Fuente: CLARIDAD

Los dos partidos que han gobernado a Puerto Rico desde 1968, alternándose en el poder, desde hace más de tres décadas han adoptado una política económica neoliberal con una confianza total en el mercado. El resultado ha sido claro e imposible de evadir: la economía de Puerto Rico se ha reducido y ha entrado en un proceso de depresión que parece no tener fin. Cuando la crisis se manifestó en marzo de 2006, se habló inicialmente de una recesión como si se tratara de un movimiento cíclico pasajero. No fue así. La llamada recesión de 2006 fue la expresión inicial de algo mucho más profundo: un descalabro estructural decisivo que ninguna de las dos piezas gemelas del bipartidismo parece entender y mucho menos explicar.

Si consideramos que la manifestación del colapso económico, visible ya en 2006, se ha extendido hasta hoy día, podemos concluir que ya alcanza quince años. Es decir, durante casi la mitad del tiempo que ha durado la política neoliberal, la economía de Puerto Rico ha estado inmersa en una crisis que lejos de resolverse se profundiza. Si la política neoliberal comenzó a adoptarse abiertamente después de las elecciones de noviembre de 1989, bajo la administración de Rafael Hernández Colon, su crisis decisiva se manifestó poco después de sus primeros 16 años, al comenzar el 2006. Es inevitable hacer varias preguntas: ¿por qué la crisis no ha provocado un debate social amplio? ¿Por qué no ha surgido entre los dos partidos de gobierno ningún cuestionamiento al fundamentalismo de mercado neoliberal? ¿Por qué no hay un intercambio de análisis, un debate intenso, entre los economistas del país? ¿Por qué los medios masivos de comunicación evaden la discusión del tema?

Hay algo sorprendente en todo esto. La política neoliberal se impuso en Puerto Rico utilizando unos conceptos claves. Uno de ellos fue el llamado gigantismo gubernamental. Motivados por la noción cómoda de que el gobierno es un gigante ineficiente, un interventor impropio en actividades productivas, el bipartidismo propuso medidas de privatización bajo el supuesto de abrirle espacio al sector privado para su dinámico desarrollo. La idea fue transformar el gobierno en un agente facilitador para incentivar el sector privado. Con esta lógica se llevó a cabo la privatización de la Telefónica de Puerto Rico, de las Navieras, se desmanteló el sistema Arbona de salud pública y se entregó por varias décadas la administración del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Estos procesos de privatización fueron acompañados de reformas a las leyes laborales, con una agresión sistemática al servicio público que cobró forma con la Ley 7 de 2009, del gobierno de Luis Fortuño. El resultado no se puede ocultar: una crisis de enorme alcance en el sector público, con una deuda pública incontrolable, combinado con un debilitamiento crónico del sector privado, coronado finalmente con la imposición federal de la Ley PROMESA en el verano de 2016.



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