Demandan a Promesa


Fuente: Claridad


Para los abogados, los grupos de la sociedad civil, que incluye, grupos de jubilados del gobierno, organizaciones sindicales, cívicas, personas en su carácter personal, los cuales han impugnado la constitucionalidad de la Junta de Control Fiscal (JCF) y la Ley Promesa, la acción es un deber ético, no hacerlo aun teniendo la oportunidad, sería ser cómplices del colonialismo, de la situación caótica, social, económica, política, que vive el país, de una deuda pública de más de 70 billones cuya legalidad está en entredicho.

La demanda encabezada por el abogado René Pinto Lugo y respaldada por 10 organizaciones fue presentada este martes 24 de abril ante la sala de la juez Laura Taylor, en el llamado Tribunal Federal (para Puerto Rico el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico) según lo dispone la misma Ley Promesa de que todos los asuntos relacionados a la ley deben ser atendidos bajo la sala de esta jueza.

En conferencia de prensa en la que se dio a conocer la acción judicial, uno de los representantes legales de Pinto Lugo, licenciado, Roberto Maldonado, expresó que lo que provocaba la acción era, “un alto sentido de molestia, de preocupación, coraje, e indignación por parte de su cliente, el estado en que se encuentra Puerto Rico en todos los sentidos y en particular, el económico, el social y el político y cómo dentro de la crisis y las circunstancias caóticas en que nos encontramos por mas de 100 años las decisiones trascendentales de nuestro pasado, futuro, y el presente se han estado tomando y se siguen tomando en oficinas y salones de conferencias privadas y gubernamentales en ciudades como Boston, Nueva York y Washington DC y aquí en Puerto Rico en Hato Rey y el Viejo San Juan”. La demanda está dirigida tanto al gobierno de Estados Unidos, a la JCF y al gobernador Ricardo Rosselló Nevares en su capacidad oficial.




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